Sevilla, 6.5.2020 (EFE).-
Las organizaciones Comercio Andalucía, en representación del pequeño y mediano comercio, las asociaciones de consumidores Facua y Al-Andalus y los sindicatos UGT y CCOO han reclamado a la Junta que abandone “la vía de la unilateralidad y la imposición y abra un proceso de diálogo para alcanzar una alianza en defensa del comercio andaluz“.
Estas organizaciones han presentado este pronunciamiento ante “ante la coyuntura que tiene que afrontar el sector en la crisis sanitaria y económica generada por la COVID-19” y han recordado que el comercio representa más del 11 % del PIB de Andalucía, con más de 137.000 empresas que ocupan a 524.256 personas, con un volumen de negocio que supera los 93.000 millones de euros.
Un tejido empresarial compuesto en un 95 % por pymes locales que generan más de dos terceras partes del empleo del sector, que advierte de que está “amenazado por la crisis sanitaria y de actividad generada por la COVID-19”, han informado en un comunicado conjunto.
Ante esta situación, comerciantes, consumidores y trabajadores reclaman que, en el marco de la iniciatiava de la “Alianza por Andalucía”, se retome un compromiso expreso con la “Alianza por el Comercio en Andalucía” y se abra un proceso de diálogo para “actualizar y adaptar sus contenidos al escenario actual”.
En concreto, plantean a la Junta “recuperar el consenso en la regulación, aplicación y racionalización de los horarios comerciales, modificando la desregulación radical impuesta” por el Gobierno andaluz en el decreto de regulación económica (recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno central ) porque, según este sector, “impacta gravemente en el pequeño y mediano comercio, así como en el volumen y calidad de empleo“.
También defienden potenciar la legislación de garantía y protección de los consumidores, así como medidas destinadas a “equiparar las reglas de juego con la que compiten los diferentes formatos, especialmente multinacionales del comercio online“, e implementar, reforzar y control de los mecanismos de prevención, higiene, EPI, consumidoras y trabajadores, y lanzar un mensaje de seguridad y confianza.
Igualmente, abogan por políticas que potencien un consumo responsable, teniendo en cuenta la pérdida de capacidad adquisitiva que están teniendo muchas familias andaluzas, regulando “elementos de contención ante periodos escenarios consumistas generados artificialmente“.
Asimismo, proponen repensar el VI Plan de Fomento de Comercio Interior andaluz 2019-2022 porque consideran que ” ha quedado descontextualizado por la crisis sanitaria, cuyas partidas económicas también han sido modificadas a posteriori de forma unilateral” , y promover un Plan Integral de formación para los trabajadores del sector.
En este sentido, los firmantes alegan que los cambios del sector se han acelerado y los ritmos, dimensiones y acciones para adaptarse al mismo deben ser otros, algo que “debe realizarse apostando por la sostenibilidad del comercio presencial andaluz, como motor vertebrador de barrios y pueblos y por el impulso de su transformación digital“.
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