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El BOE publica el cese del presidente de SEPI tras ser imputado en el caso Aznalcóllar

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MADRID/SEVILLA, 5.10.2019 (EUROPA PRESS).-

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado el cese del presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, después de que el pasado martes pusiera su cargo a disposición del Gobierno, tras reabrir la Audiencia Provincial de Sevilla el caso sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar y volver a estar imputado por su anterior cargo como secretario general de Innovación, Industria y Turismo de la Junta de Andalucía.

El Consejo de Ministros aprobó este viernes el cese de Fernández y nombró como sustituto al actual vicepresidente del holding público, Bartolomé Lora Toro, que asume las competencias del cesado presidente, tal y como establece el apartado cuarto de la Orden de 13 de julio de 1995 del Ministerio de Industria de organización y funciones de la SEPI.

El vicepresidente de SEPI es además el encargado de coordinar, impulsar y dirigir las actuaciones de las direcciones de Participadas en que se divide SEPI y el responsable del grupo público en materia de Transparencia.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ordenó el martes la reapertura de la causa que investiga presuntas irregularidades de la adjudicación a la agrupación empresarial México Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar en 2015, en la que está llamado a declarar Vicente Fernández.

La causa por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar en 2015 ha sido archivada en dos ocasiones y la declaración en calidad de investigado de Fernández ha sido solicitada hasta seis veces por la empresa que no resultó adjudicataria del concurso, pero siempre había sido rechazada por el Juzgado de Instrucción. De hecho, el propio Fernández había solicitado en dos ocasiones declarar voluntariamente en la causa, pero no pudo hacerlo porque la juez no lo consideró pertinente.

Asimismo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no detectó “ninguna comunicación o documento que permita inferir la existencia de influencias sobre los miembros del Comité Técnico o de la Mesa del Concurso para favorecer a una y otra empresa licitante, tras analizar 124.012 correos electrónicos de tres altos cargos de la Junta de Andalucía y 12 funcionarios de la Consejería de Empleo relacionados con la investigación.

Esta misma semana la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, indicó al respecto que hay que dejar que la Justicia actúe, y recordó que además de tratarse de un caso que se ha archivado ya en dos ocasiones, es una causa que forma parte de la actividad anterior de Fernández, antes de asumir la Presidencia de SEPI, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.

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