El abogado general del TJUE carga contra el uso del IRPH

El abogado general del TJUE carga contra el uso del IRPH

Su dictamen no es vinculante pero puede suponer anular estas cláusulas hipotecarias.

La banca se juega hasta 44.000 millones

Madrid, 10 Septiembre.- El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE ha emitido hoy sus conclusiones sobre el uso del índice hipotecario español IRPH.

En las mismas se adhiera a las tesis de las asociaciones de consumidores y la Comisión Europea.

Se pronuncia a favor de anularlo cuando se comercializara con opacidad, lo que podría acabar costando miles de millones de euros a la banca española.

El abogado general ha decretado que la cláusula está sujeta a la normativa comunitaria.

Y, por lo tanto, puede anularse por falta de transparencia.

Esto supone un nuevo varapalo al criterio del Tribunal Supremo que avaló este índice.

El Alto Tribunal consideró que, al ser parte principal del contrato, no quedaba sujeto al control de opacidad.

El abogado general del TJUE argumenta que el uso de este índice era una opción abierta frente al uso de otros más comunes, como el euríbor.

Asimismo, indica que dada su complejidad, la validez que tiene está sujeta a que el cliente fuera debidamente informado de su cálculo y repercusiones.

El criterio no es vinculante para el tribunal de la Corte de Luxemburgo.

El TSJE deberá dictar un fallo definitivo entre finales de este año y el arranque de 2020.

La importancia radica en que las conclusiones de los abogados generales suelen anticipar el signo de los fallos en la mayoría de ocasiones.

Inicio del procedimiento

Este asunto corresponde a una cuestión prejudicial elevada por el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona.

Se trataba del caso de un consumidor que denunció a Bankia por una hipoteca de 132.222,66 euros a un tipo de interés de IRPH más 0,25 puntos.

El cliente acabó pagando entre 18.000 y 21.000 euros más de lo que hubiera abonado de haber contratado una hipoteca con euríbor.

El IRPH es un índice propio del sector financiero español.

Y está calculado sobre la media de tipos de interés aplicados en los nuevos créditos.

A diferencia del euríbor, que tras la crisis ha llegado a caer a negativo, el IRPH ha mantenido fuertes tasas positivas.

Independientemente de la diferencia de costes, las asociaciones de consumidores aseguraban que el préstamo se les ofreció sin información transparente sobre las consecuencias que tenía hipotecarse ligados a este índice.

El asunto, sin embargo, llegó al Tribunal Supremo, que decretó que el IRPH es un índice avalado por el Banco de España y tan legítimo como el euríbor.

No discutía su modo de cálculo, por lo que entendía que su validez era indiscutible.

La resolución se cuestionó en instancias inferiores, sin embargo, que acabaron acudiendo a la Corte de Luxemburgo.

Es la misma circunstancia que ocurrió cuando se dictó la resolución que permitió tumbar las cláusulas suelo, por ejemplo.

En este caso concreto, el juzgado español pidió al TJUE que se pronunciase sobre cinco cuestiones concretas.

Entre ellas, evaluar la validez del índice, si resulta aplicable la normativa comunitaria de protección del consumidor, qué información debía ofrecer la entidad, si omitir información clave pudo ser una práctica desleal o, si en el caso de anular la cláusula, debe recalcularse el préstamo ligándolo al euríbor o dejar de aplicar interés alguno dejando solo como deuda el principal.

Las entidades que más se juegan con este fallo son CaixaBank, que tiene 6.700 millones de hipotecas ligadas al IRPH, Santander (4.300 millones), BBVA (3.100 millones), Bankia (1.600 millones) o Sabadell (831 millones), si bien Kutxabank (que el lunes reconoció 727 millones de riesgos) sería la peor parada dado su menor tamaño.

La gran banca se juega así más de 17.000 millones de euros.

Aunque el conjunto del sector puede llegar a jugarse 44.000 millones de euros si el fallo final es en su contra.

Esta es su peor previsión, en todo caso, basada en que todos los hipotecados en IRPH entre 2003 y 2017 reclamen y logren fallos a favo.

De momento, las entidades españolas vienen defendiendo la legitimidad del IRPH, que ampara el Tribunal Supremo.

Durante la vista, celebrada el pasado febrero, el Gobierno español solicitó al tribunal que si falla en contra del IRPH, limitara las consecuencias económicas de la resolución.

Ello para no causar estragos en el sector financiero.

El pronunciamiento del abogado general de este martes marca parcialmente el camino que podría terminar de recorrer el tribunal.

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Manuel Ponce

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