LEGAL Y TRIBUNALES Sevilla

Dos años y 675.000 euros en el caso de la familia intoxicada por tapones con fosfina

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Redacción, 8 Julio 2020.- Una condena de dos años de cárcel para uno de los acusados y una indemnización de 675.000 euros.

Esto es lo que ha puesto fin a la causa judicial de la familia que murió intoxicada por los tapones con fosfina en Alcalá de Guadaíra.

Siete años después de que se produjera la muerte en diciembre de 2013 de tres miembros de una familia que inhalaron fosfina de unos tapones de plaguicidas.

La Fiscalía, las acusaciones y las defensas han llegado a un pacto que ha evitado la celebración del juicio.

Recientemente había sido aplazado sine díe en el juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla.

Finalmente se ha alcanzado un acuerdo por el que las acusaciones han retirado los cargos contra dos de los acusados, M. T. R., mozo de almacén de la empresa Alansu y P. A. G. C., administrador de Reciclados Nivel.

Mientras que una tercera acusada, M. R. S. M., empleada de Alansu, ha sido condenada a dos años de cárcel.

Una pena que en el mismo acto de declarar firme la sentencia ha sido finalmente suspendida, con lo que no tendrá que ingresar en prisión al reunir los requisitos legales.

El acuerdo ha sido posible porque las compañías aseguradoras han alcanzado asimismo un acuerdo con los familiares de los tres fallecidos.

Para indemnizarlos con un total de 675.000 euros.

La Fiscalía consideraba en sus conclusiones provisionales que los acusados eran conscientes de que los envases de aluminio contaminados eran “residuos peligrosos que debían gestionarse por una empresa autorizada para ello”.

Y también del “grave riesgo para la salud de las personas que implicaba extraerlos del procedimiento de gestión establecido legalmente”.

Reciclados Nivel carecía de autorización para la gestión de estos residuos.

Pero en mayo de 2013 llegó a un acuerdo con la encargada de Alansu para la retirada de 880 kilos de botes de aluminio.

Y a principios de diciembre de 2013 fue retirada otra partida de 198 kilos de aluminio contaminados.

A los que posteriormente les fueron retiradas las etiquetas como los tapones de seguridad de plástico.

Estos fueron vendidos el 13 de diciembre a una empresa de Alcalá autorizada para la gestión de residuos no peligrosos.

Y cuyos responsables “desconocían el origen real de dichos envases”.

En la sede de Reciclados Nivel quedaron dentro de dos sacos tanto parte de las etiquetas como los tapones de seguridad de plástico.

Estos fueron entregados varios días antes del 13 de diciembre a Enrique Caño “considerando que carecía de valor”.

Y dado que esta persona era un cliente habitual que acudía a vender chatarra y otros efectos.

Este aceptó los tapones “desconociendo su peligrosidad”.

Enrique Caño llevó los tapones a su domicilio, donde los depositó dentro de los sacos en una bañera de uno de los cuartos de baño de la vivienda en la que almacenaba todo tipo de efectos que iba a vender posteriormente.

En la tarde del 12 de diciembre, como consecuencia de la “humedad ambiental” generada en el cuarto de baño “y/o a causa de alguna manipulación realizada por miembros de la familia sobre dichos tapones en la tarde del 13 de diciembre de 2013, se desencadenó una potente reacción química en los restos de fosfuro de aluminio existentes tanto en los tapones como en los sacos, liberando fosfuro de hidrógeno (fosfina)” que inhalaron estas personas durante varias horas y provocó la muerte del matrimonio y de una de las hijas.

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