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Detenidas 13 personas por un presunto fraude millonario a la Seguridad Social

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20 de mayo de 2019.- (Redacción).- La Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha llevado a cabo en Sevilla la denominada ‘operación Luz‘, dirigida contra el fraude a la Seguridad Social en amplios sectores de actividad, entre los que se encuentra, “notablemente representado”, el sector de la hostelería, y que se ha saldado con 13 personas detenidas y otras tres investigadas.

Según ha informado este lunes la Policía en una nota, las investigaciones comenzaron a principios del presente año, tras recibir cinco denuncias con sospechas de haberse cometido fraude a la Seguridad Social en Sevilla y su provincia.

Se investigó entonces a 16 personas como presuntas autoras de delitos contra la Seguridad Social, frustración de la ejecución y grupo criminal, y se descubrió la generación de un supuesto fraude a la Seguridad Social por valor de 3.951.579,92 euros.

Según relata la Policía, los investigados, con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las aspiraciones de cobro, en unos casos presuntamente crearon “grupos fraudulentos de empresas”, y en otros instauraron “sucesiones empresariales opacas”. Para transferir las ganancias de las empresas deudoras y ocultar su verdadero balance económico, supuestamente implantaron sociedades patrimoniales.

La Policía llama la atención acerca de que en todas las empresas existe “una misma unidad de dirección”, de forma que actuaban “bajo las órdenes de un mismo administrador, quien las gestionaba y dirigía desarrollando la misma actividad, como si de una sola empresa se tratara”.

Igualmente, según destaca la Policía, se produce un “elevado trasvase” de trabajadores de unas sociedades a otras del grupo, según las necesidades de cada una de ellas. Por otra parte, el usuario RED “coincide en todas las empresas investigadas y existe una elevada facturación cruzada entre ellas”.

La “gran mayoría” de las sociedades investigadas superaron la cuantía del delito económico contra la Seguridad Social –50.000 euros en cuatro años–, incluso superando la cantidad de 120.000 euros que implica un tipo agravado, según remarca la Policía.

Además, las personas presuntamente responsables cometieron, siempre según la versión policial, otros supuestos delitos de frustración de la ejecución mediante sucesiones empresariales, intentando que la deuda mantenida por una empresa no pasara a la empresa sucesora.

El grupo presuntamente actuaba “de forma coordinada con una auténtica caja común, ya que si alguna de las empresas del grupo tenía la cuenta bloqueada, los servicios prestados por dicha entidad eran facturados por cualquiera de las otras empresas del grupo que no tuviera esos problemas”. Con esta conducta “conseguían eludir los embargos procedentes de la Tesorería General de la Seguridad Social”.

Según la Policía, “probablemente el caso más llamativo de entre los investigados se corresponde con las actuaciones desarrolladas por parte de las cuatro personas responsables de un grupo empresarial”, quienes supuestamente crearon una red de sociedades, algunas con aparente actividad y otras no.

En la “mayoría” de las empresas figuraban “personas interpuestas o testaferros, que voluntariamente iban accediendo a las peticiones que los verdaderos responsables necesitaban en cada momento para poder continuar con sus labores empresariales fraudulentas –impagos seguros sociales, impagos RETA, impagos IVA, impagos proveedores y suministros–, todo esto en connivencia con los auténticos responsables de la trama”.

SUPUESTO ENTRAMADO SOCIETARIO NO TRANSPARENTE

En otro asunto se ha investigado a un empresario dedicado desde el año 2011 a la venta de productos cárnicos, dueño y responsable de un grupo de empresas con las que habría actuado de forma indistinta a lo largo de los años.

Con estas empresas, presuntamente ha causado un perjuicio económico y prolongando en el tiempo a las arcas de la Seguridad Social por el impago de los seguros sociales de sus trabajadores y el suyo propio en su condición de autónomo, según explica la Policía.

Todas las empresas gestionadas por esta persona responsable “se fueron sucediendo o simultaneando en el tiempo, siendo utilizadas según su conveniencia a medida que iban generando deudas, trasvasando medios personales, materiales y laborales de unas empresas a otras”. De esta forma “se dificultaba y obstaculizaba la labor recaudatoria de la Tesorería General de la Seguridad Social”, según concluye la Policía.

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