Redacción, 8 Noviembre.- El derecho a asistencia letrada no debe alterarse por el hecho de que el investigado no responda a las citaciones.
Así se ha pronunciado el Abogado General de la Unión Europea, el checo MichalBobek, ante la consulta de un Juzgado de Badalona.
La cuestión surge a raíz de la detención de un sujeto que luego se negó a responder a las citaciones judiciales.
La respuesta del Abogado General no es vinculante.
Pero se tiene en cuenta con frecuencia por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la hora de emitir sentencia.
Ha propuesto al Tribunal que declare que la Directiva sobre el derecho a la asistencia de letrado, se opone a disposición o jurisprudencia nacional.
Según esta, en el supuesto de que un sospechoso no comparezca tras ser citado por primera vez por un tribunal y de que se emita una orden de detención nacional contra él, el derecho a la asistencia de letrado puede diferirse hasta que se ejecute la orden de detención y el sospechoso comparezca ante el tribunal.
Está interpretada a la luz del derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.
También al derecho a la presunción de inocencia y derechos de la defensa.
Así, considera que la interpretación de la Directiva del Gobierno español sería contraria a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Este ha declarado que el hecho de que un investigado no comparezca, a pesar de citarse debidamente, no puede justificar que se le prive de su derecho a la asistencia de un defensor, ni siquiera a falta de excusa.
La cuestión ha tenido causa a través de la pregunta de un Juzgado de Instrucción de Badalona.
El investigado en este asunto se le sometió a un control vial llevado a cabo por los Mossosd’Esquadra de Badalona.
Los agentes levantaron un atestado en abril de 2018.
Fue por presuntos delitos de conducción sin un permiso de conducir válido y de falsificación de documento público.
Tras confirmar la falsedad del documento,el Juzgado, ante el cual se había incoado un proceso penal contra el investigado, dictó providencia para que éste prestara declaración asistido por un letrado, que se nombró del turno de oficio.
Tras varios intentos de citación, se dictó en septiembre de 2018 una orden para que se le detuviera y obligara a personarse ante el Juzgado.
En octubre de 2018, el Juzgado recibió un fax enviado por una letrada que solicitaba comparecer en nombre del investigado.
Y pidió asimismo que se suspendiera la orden de detención, pues su cliente había manifestado que comparecería ante el Juzgado de forma voluntaria.
Dado que el investigado no compareció cuando se le hizo el primer requerimiento en tal sentido, y que aún es objeto de una orden de detención, el Juzgado tiene dudas sobre si, conforme al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el derecho del investigado a su asistencia letrada puede retrasarse hasta que se ejecute la orden de detención.
El Juzgado señala que las disposiciones nacionales pertinentes se han interpretado por los órganos jurisdiccionales españoles en el sentido de sujetar el derecho a la asistencia letrada al requisito de que el sospechoso comparezca en persona.
Esto significa que puede denegársele ese derecho cuando el sospechoso esté ausente o en paradero desconocido.
Para conocer la resolución del caso habrá que esperar la sentencia del TJUE sobre asunto.
Si bien estas opiniones no son vinculantes, alrededor de un 60 por ciento de los pronunciamientos del Abogado General se avalan luego por la sentencia del Tribunal.
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