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Deja de pagar la renta y denuncia a la dueña por estafa

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Redacción, 23 Octubre 2020.-

Publica el Diario de Sevilla el calvario que ha sufrido la dueña de una vivienda que adquirió para alquilarla.

Finalmente, la Audiencia de Sevilla la ha absuelto de la petición de cuatro años y seis meses de cárcel por supuesta estafa procesal.

El inquilino que le alquiló el piso dejó de pagar 1.967 euros a lo largo de dos años.

Y además, al verse demandado en los tribunales, presentó el mismo día del juicio una denuncia penal por estafa que paralizó las demás reclamaciones.

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La Audiencia ha dictado una sentencia absolutoria, pero el calvario judicial de la propietaria ha durado cinco años.

Una mujer que compró con su marido un piso en Dos Hermanas como inversión para complementar sus ingresos laborales.

Desde poco después de trasladarse al piso, en septiembre de 2012, el inquilino empezó a incurrir en impagos de renta, de agua y de luz.

La propietaria intentó llegar a un acuerdo antes de acudir a los tribunales.

Y firmó con él dos documentos de reconocimiento de deuda y aplazamiento de pagos, uno en octubre de 2013 y otro en julio de 2014.

El inquilino incumplió ambos.

Cuando finalmente interpuso la demanda de reclamación de cantidades, el mismo día de la vista el 25 de marzo de 2015, la procuradora del inquilino aportó la copia de un escrito de denuncia por estafa que había presentado ese mismo día.

El inquilino le acusaba de falsedad y estafa procesal.

Supuestamente, en el segundo reconocimiento de deuda se incorporaron de forma manuscrita una serie de desperfectos que el inquilino se comprometía a pagar y que se añadieron después de que él hubiese firmado.

La demanda civil de reclamación de cantidades quedó en suspenso a la espera del procedimiento penal.

El caso llegó a juicio.

Y ello pese a que desde un primer escrito al juzgado la Fiscalía pidió la absolución por falta de base para sostener la acusación.

Pero la acusación particular solicitó cuatro años y seis meses de prisión, 2.700 euros de multa y el pago de una indemnización de 3.000 euros por daño moral, que ahora ha rechazado la Audiencia por falta de pruebas.

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