4 AGOSTO2020.- CSIF-A, organización sindical mayoritaria en el ámbito de la Administración General de la Junta de Andalucía, ha interpuesto recursos contencioso-administrativos contra las convocatorias “exprés” de selección de aspirantes a nombramiento como personal funcionario interino que ha lanzado la Administración andaluza en las últimas semanas.
Las contrataciones reclamadas se refieren al cuerpo superior de administradores generales; concretamente, a las especialidades de administradores generales (A1.1100) y de administradores de gestión financiera (A1.1200).
La central sindical ha recurrido estos procesos extraordinarios “por vulnerar los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir la selección de personal funcionario de las Administraciones.”
A juicio de CSIF AGJA Andalucía, las ofertas “deben ceñirse a los procedimientos legalmente establecidos para el acceso a la función pública.
En estos casos no es así, ya que hay un plazo de inscripción de 24 horas y con el orden de entrada de la solicitud de empleo como único criterio de selección”.
La Junta argumenta que las convocatorias se enmarcan dentro de la situación de emergencia sanitaria por la Covid-19 teniendo como referencia las bases aprobadas mediante la Resolución de 14 de abril de 2020 de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.
Sin embargo, el sindicato mantiene que dicho documento fue aprobado para la contratación de determinados puestos de urgencia que “en ningún caso corresponden a los de administradores generales que se han ofertado en estos casos”.
Este proceso exime a los aspirantes de aportar su currículum o alguna otra documentación y, además, excluye a determinados grupos de personas, como las mujeres embarazadas, mayores de 60 años y colectivos vulnerables frente a la Covid-19.
Tales extremos, contenidos en las diferentes convocatorias, son “ilegales”, puesto que vulneran los principios de acceso a la función pública de igualdad, mérito y capacidad,.
Además, va en contra de lo dispuesto en la normativa respecto del proceso selectivo, en este caso inexistente.
Por último, la central sindical asegura que su misión como sindicato mayoritario es la vigilancia para que el acceso a la función pública se realice atendiendo a lo legalmente establecido.
Igualmente, su deber es defender el derecho de las personas que han aprobado la oportuna promoción interna a ocupar sus plazas y el de todas aquellas personas opositoras que están a la espera de las convocatorias correspondientes o a la resolución de las ya convocadas e iniciadas.
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