Legal y Tribunales Sevilla

Condena firme para un funcionario que acosaba a internas en la cárcel

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Redacción, 20 Enero.- El Tribunal Supremo ha confirmado una condena de tres años de cárcel por delitos de abuso sexual, contra la integridad moral y de actividades prohibidas a los funcionarios.

Les enseñaba vídeos pornográficos, les hacía comentarios sexuales e incluso se metía en la ducha cuando ellas estaban dentro.

Los hechos, según la sentencia a la que ha tenido acceso la Cadena SER, ocurrieron en esta cárcel de mujeres de la provincia de Sevilla entre octubre de 2012 y 2014 hasta que fue apartado de su puesto.

En varias ocasiones mostró videos pornográficos en su móvil a varias internas, se refirió a una de ellas como “tortillera de mierda” e hizo comentarios sexuales a una de ellas.

Según la sentencia, el condenado incluso abandonaba su puesto de trabajo o cambiaba los turnos para poder estar con sus víctimas y seguir con su acoso.

En dos ocasiones se metió en la ducha cuando las internas estaban desnudas e intentó besar a una de ellas.

También les tocaba el culo en la cola del comedor y en el patio de la prisión.

Unos hechos por los que el Tribunal Supremo acaba de declarar firme la condena que le impuso en un primer momento la Audiencia de Sevilla.

Son tres años de cárcel y multa de 3.960 euros por dos delitos contra la integridad moral, uno de actividades prohibidas a los funcionarios y otro más de abusos sexuales.

También tendrá que indemnizar a sus víctimas con cantidades que alcanzan los 2.500 euros, declarando responsable civil subsidiaria a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

Su “ascendencia evidente”

La sentencia, que ha tenido como ponente al magistrado Miguel Colmenero, rechaza la vesión exculpatoria del funcionario: que todo era “un complot” de la directora de la cárcel de Alcalá de Guadaira.

Los testimonios de las víctimas, unidos por ejemplo al del padre de una de ellas, son suficientes para dar veracidad a sus denuncias teniendo en cuenta, incluso, que una de ellas fue perjudicada por denunciar: fue trasladada a una cárcel más alejada de su familia.

El Supremo destaca, además, cómo aprovechó su condición de funcionario y su “ascendencia evidente” siendo además el responsable de “garantizar la efectividad de los derechos de las internas”.

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