GRANADA, 23.6.2019 (EUROPA PRESS).-
La Audiencia Provincial de Granada celebra este lunes el juicio contra el coronel de la Guardia Civil F.G.S. por su presunta participación en la introducción de toneladas de hachís procedentes de Marruecos.
El acusado recibió dinero a cambio de impedir que los alijos fueran interceptados por la Guardia Civil.
La Fiscalía de Granada solicita nueve años y tres meses de prisión por supuestos delitos de cohecho cometido por funcionario público y contra la salud pública.
También se solicita una multa de 6,3 millones de euros.
Para los otros dos presuntos narcos que colaboraban con él la Fiscalía pidió cinco años y tres meses de prisión por supuestos delitos de cohecho cometido por particulares y contra la salud pública. Estos están en rebeldía.
El acusado era comandante de la Guardia Civil en Granada con mando en todas las operaciones antidroga de esta provincia.
En enero de 2016 mantuvo una entrevista con un confidente que tenía el cuerpo. Fue cuando acordó con él la entrada de dos alijos de hachís. Eran más de 4.000 kilos, por las playas de Motril (Granada).
Según el relato del fiscal, el coronel se comprometió a impedir que la droga fuera interceptada por la Guardia Civil.
Aseguraba la entrada para su posterior venta.
A cambio recibía 120.000 euros tras cada operación.
A estas dos se suma una tercera entrada de droga de escasa calidad que sí fué intervenida por los agentes.
Entre febrero y marzo de ese año una embarcación procedente de Marruecos desembarcó 120 fardos con unos 4.000 kilos. Su valor: cinco millones de euros.
La droga nunca ha sido recuperada y se distribuyó en el territorio nacional.
La colaboración entre los acusados se extendió hasta mayo de 2006 pese a que el alto mando se encontraba “acuciado por las sospechas de los agentes a sus órdenes”, según continúa el fiscal.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles, que está personada como acusación particular, ha solicitado 18 años de prisión para él y le atribuye presuntos delitos contra la salud pública, de receptación y blanqueo de capitales y un delito continuado de cohecho, por los que solicita además 15 años de inhabilitación y el pago de multas que superan los diez millones de euros.
