Sevilla, 26 de marzo (EFE).- La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha alertado hoy sobre la posible llegada de un conflicto social si no se soluciona la carencia de ingresos mínimos en numerosos colectivos que se sustentan gracias a la “economía informal” y que se encuentran al margen de las ayudas del Gobierno.
Esta organización plantea la aplicación de una Renta Básica como mecanismo para garantizar los mínimos vitales de numerosas personas y evitar así la grave crisis social que se avecina, ha informado en un comunicado.
La APDHA augura que, si no se ponen medidas para frenarla, la irrupción del coronavirus va a provocar una profunda crisis socioeconómica y muchas personas caerán en situación de exclusión social.
La Asociación, se pregunta “qué va a ocurrir con las personas que dependían de la economía informal o de pequeños ingresos ocasionales”.
Ha incidido en cuestionarse “qué va a ocurrir con las personas empleadas de hogar, las cuidadoras de personas dependientes, las empleadas en la venta ambulante, la recogida de chatarra o con otros trabajos precarios, las jóvenes con pocas horas dadas de alta, las migrantes que trabajan en campos agrícolas alojadas en misérrimos asentamientos chabolistas, aquellas internadas en los CIE o las personas sin hogar”.
La organización explica que con el estado de alarma se suspende su escasa y vital actividad laboral y se les obliga a quedarse en casa al no poder justificar su salida a trabajar, con lo que pierden ingresos, muchas veces únicos y sin disponer de otro soporte familiar.
Además, no poder acogerse a ERTE o paro retribuido alguno, por lo que “dependerán de los burocratizados e insuficientes recursos de unos Servicios Sociales recortados y colapsados tras años de abandono de lo público”, ha augurado.
NECESIDAD DE RENTA BÁSICA
Por ello, la asociación ha apremiado al Gobierno a diseñar un rescate social urgente que integre un ingreso mínimo sin condiciones, una Renta Básica, como el sistema más eficaz, económico y sencillo operativamente de aplicar, para garantizar unas condiciones de vida razonables.
A raíz de la crisis del 2008, recuerda la APDHA, el Estado aportó 65.000 millones de euros para el rescate bancario, cuya gran mayoría nunca fue devuelto, y ha apostillado que “ahora es el turno del rescate social, de la verdadera solidaridad más allá de llamativas declaraciones”
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía propone, además, la paralización de los desahucios, la suspensión del pago de los alquileres y servicios a las personas y pequeños comerciantes castigados económicamente por la crisis y sostener el gasto social.
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