Legal y Tribunales Sevilla

Aprobadas “acciones penales contra los usurpadores” de un piso.

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La Plataforma Tres Barrios-Amate señalaba hace meses el “descontrol en la ocupación e intercambio de viviendas” por acción de una “mafia”

SEVILLA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) –

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, reunida este lunes en sesión ordinaria, ha aprobado emprender “acciones penales contra los usurpadores” de una de las viviendas sociales de titularidad municipal del barrio de Los Pajaritos, que habría sido “vendida ilegalmente”.

Según el acuerdo de la junta local de gobierno, recogida por Europa Press, se trata de una vivienda municipal de la calle Mirlo que según los escritos recibidos por el Ayuntamiento ha sido “vendida ilegalmente”, toda vez que la situación de este piso está sujeta a un procedimiento judicial incoado por el Juzgado de Instrucción número tres, a cuenta de la denuncia de un vecino.

En el marco de dicha causa judicial, el juzgado ha hecho un “ofrecimiento de acciones” al Ayuntamiento “en calidad de perjudicado”. Merced a tal extremo, la junta de gobierno ha aprobado “ejercitar las acciones penales contra los usurpadores” de dicha vivienda, toda vez recientemente acordaba iniciar el procedimiento administrativo necesario para la “recuperación” de un piso de titularidad municipal ubicado en la calle Estornino, también en Los Pajaritos, al estar el mismo habitado por personas que incurren en una “falta de título jurídico para la ocupación” de este inmueble.

A tal efecto, mientras el Polígono Sur, Los Pajaritos y Amate y Colores/Entreparques ocupan tres de los cinco primeros puestos del ranking de barrios con menor renta media de toda España, según el informe de Indicadores Urbanos emitido en 2018 por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogido por Europa Press, la Plataforma Cívica Tres Barrios-Amate, que reclama medidas sociales en favor de las barriadas de Los Pajaritos, La Candelaria y Madre de Dios y el entorno de Amate, viene avisando del “descontrol en la ocupación e intercambio de las viviendas, que en su mayor parte son de propiedad municipal, como consecuencia de la presión de la delincuencia organizada”.

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