SEVILLA 28.9.2020 / Jose Manuel García Bautista
Salvador Illa, ministro de Sanidad del Gobierno de España, declaró que “No tenemos el control de la pandemia en Madrid. Pido que las recomendaciones del Gobierno sean escuchadas. No estoy por señalar ni por crear problemas”.
“Trabajamos en un espacio de colaboración. Queremos ayudar a los madrileños, hemos puesto a su disposición todos los medios, vamos a hacer un esfuerzo para seguir en este espacio de colaboración, pero para ello deben dejarse ayudar”, apuntó Illa.
“Hay que actuar ya, sino, será peor. Hay que actuar con determinación. Las recomendaciones de Sanidad se basan en los criterios de los científicos. No venimos a tutelar ni a imponer. Pero si ayudamos vamos a expresarnos con claridad. Lo haremos con Madrid y con cualquier otra comunidad”, dijo el ministro de sanidad.
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“Un estado de alarma para intervenir Madrid sería un despropósito”
Enrique López, Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, rechaza que la situación sanitaria ampare la declaración del estado de alarma o alguna intervención del Gobierno.
Advierte de que el Ejecutivo de Ayuso respondería en los tribunales. “La única forma es a través del estado de alarma. No creo que pueda producirse esto, porque nadie entendería que el Gobierno decretase el estado de alarma en la Comunidad. El Gobierno ha filtrado que baraja aplicar la Ley 16 / 2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, esta ley permite únicamente adoptar medidas de coordinación, nunca medidas de imposición, ni intervenir, ni limitar, ni soslayar ningún tipo de competencia autonómica”.
“Creemos que no hay ninguna posibilidad legal de que el Gobierno pueda intervenir la autonomía salvo con el estado de alarma. Y lo creemos porque no se dan las circunstancias extraordinarias exigidas para decretarlo. Sería un despropósito legal que el Gobierno decretase el estado de alarma en Madrid”.
“Si el Ejecutivo comete alguna acción fuera de la legalidad, responderíamos impugnando esta decisión ante los tribunales. Sánchez debe volver a la senda de la coordinación porque este problema es común. Estamos dispuestos a discutir todos los criterios de salud pública, como que la ratio de 500 infectados por cada 100.000 habitantes sea el baremo para limitar la movilidad, pero discutiéndolos en los órganos de coordinación”, explica Enrique López.
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