Redacción, 2 Diciembre.- La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
Es el que mantiene abiertas 122 piezas separadas por la macrocausa de los ERE.
Y ha solicitado que sean citados a declarar en calidad de investigados el ex presidente de la Junta Manuel Chaves.
También al ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías.
Ello en relación con un préstamo de 3,7 millones de euros concedidos en 1999 a la empresa cárnica Hamsa.
Nuevo escrito después de la Sentencia
El escrito fue presentado en el juzgado el pasado 20 de noviembre, tan sólo un día después del dictado de la sentencia.
Es algo que según fuentes del caso obedece a una simple coincidencia temporal, derivada del análisis de la documentación relacionada.
La Fiscalía considera que los hechos podrían igualmente ser constitutivos de un delito de prevaricación en concurso medial con otro delito de malversación.
Estos ya han sido condenados a nueve años de inhabilitación en relación con la creación del “procedimiento específico” para la concesión de las ayudas.
Otra pieza separada
En el escrito del Ministerio Público, los fiscales delegados de Anticorrupción piden al juez que abra una nueva pieza separada para investigar este préstamo.
En cualquier caso no guarda relación con la partida 31L de los ERE.
Y se produjo con anterioridad al uso de las transferencias de financiación al IFA/IDEA que la sentencia dictada recientemente ha considerado ilegales.
De esta forma, se trataría de una nueva investigación que no quedaría afectada por la exclusión de los ex altos cargos en la “pieza política”.
En el escrito la Fiscalía reclama que se impute a un total de 15 personas.
De estas, diez son ex altos cargos y las otras cinco directivos de la empresa Primayor.
Entre los ex altos cargos hay cinco ex consejeros.
Entre ellos el ex consejero de Trabajo Guillermo Gutiérrez, o los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera y el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo.
Estos tres últimos también condenados en la sentencia de los ERE.
Completan la lista el ex director de Trabajo Javier Guerrero, el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, el ex presidente del IFA Salvador Durbán y el ex director de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar.
Contenido del informe
En el informe remitido al juzgado, la Junta concedió ayudas sociolaborales tendentes a costear los planes de prejubilación de los trabajadores de Hamsa.
Y en febrero de ese mismo año la Comisión Europea declaró “incompatibles” las ayudas recibidas por la empresa.
Esto llevó al Estado a recuperar todas las ayudas haciendo que la empresa fuera inviable.
Un préstamo puente hasta que llegaran las futuras subvenciones
De “manera paralela en el tiempo se decidió desde la Junta” otorgar ayudas a la empresa.
Aunque se hizo formalmente “a modo de anticipo de las futuras ayudas y bajo la figura de un préstamo puente”.
Así consta en el acta del consejo rector del IFA del 29 de octubre de 1999, que por entonces presidía Salvador Durbán.
El consejo rector adoptó por unanimidad y a expensas de su aprobación definitiva por el consejo de gobierno “anticipar las subvenciones de pública concurrencia a la inversión y a la creación de empleo solicitadas por Campocarne Andalucía, mediante un préstamo puente de 970 millones de pesetas (5,8 millones de euros)”.
La Fiscalía añade que ese acuerdo fue ratificado por el Consejo de Gobierno presidido por Chaves el 9 de noviembre de 1999.
Y “directamente relacionado con este anticipo en forma de préstamo puente” está el acuerdo firmado por Gaspar Zarrías y el presidente de Campocarne.
Por el mismo la Junta adquiría el compromiso de “abono completo” de las cantidades que por la creación de empleo se habían estipulado.
Como continuación firmaron un convenio de colaboración para que se anticipara ese pago.
Disposición “arbitraria” de los fondos públicos
La Fiscalía sostiene que tras examinar las actas del consejo rector no se ha encontrado “ninguna mención a la condonación, declaración de fallido o, en su caso, conversión del préstamo puente en su día concedido a Campocarne”.
Por ello se desprenden “indicios racionales de criminalidad” en la concesión en 1999 de ese préstamo.
Porque de la documentación “podría deducirse que bajo el paraguas formal de un préstamo se decidió realmente disponer arbitrariamente de los fondos públicos sin sujeción a procedimiento alguno ni control para beneficiar directamente a la empresa Campocarne e indirectamente posteriormente a la empresa Primayor”.
Perjuicio causado
El Ministerio Público considera que en 2003 el préstamo “no había sido pagado y que la única amortización que constaba al IFA era la derivada de la ayuda dada por la Consejería de Empleo”.
Se cifraba en 3,7 millones de euros el principal pendiente de vencimiento.
Y de la documentación analizada, los fiscales concluyen que “el préstamo nunca tuvo voluntad de ser cobrado y que en todo caso al menos en febrero de 2005 no había sido amortizado, desconociéndose la situación actual y por tanto si se hicieron efectivas las previsiones fijadas” en la escritura pública del mismo, por lo que reclama al juzgado que abra esta nueva pieza.
El supuesto menoscabo de los fondos públicos que ahora piden investigar sería de esos 3,7 millones de euros.
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