Sevilla, 15 de abri (EFE).- Andalucía registra desde el inicio de la crisis del coronavirus un total de 285 fallecidos en residencias y demás centros sociosanitarios, lo que supone doce más en la última jornada, según los datos facilitados por la Junta.
En concreto, se trata de 269 fallecimientos en residencias y otras dieciséis en otros centros sociosanitarios.
Además, la Junta ha realizado ya 34.603 test rápidos entre los 43.000 mayores de las residencias de la comunidad, en los que se han registrado 923 positivos desde el viernes pasado-
Además se han hecho otras 17.774 pruebas de este tipo a trabajadores de los centros, con un total de 174 positivos.
MAYORÍA DE CENTROS SIN CONTAGIOS
El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha destacado en rueda de prensa telemática que a día de hoy “prácticamente la totalidad” de mayores de estos centros no está contagiado-
Ha indicado, además, que el porcentaje de negativos es de casi el 98 por ciento.
Bendodo ha admitido que era un tema que preocupaba “muchísimo” a la Junta y ha dicho que se ha “contenido” la propagación de la pandemia en estos centros.
En su opinión, esa contención se ha producido porque se anticiparon y empezaron a actuar el 3 de marzo, mandando médicos y enfermeros a hacer controles.
DISTRIBUCIÓN DE 90.000 PRUEBAS EN CENTROS
En total se han distribuido un total de 90.000 pruebas entre residencias y centros sociosanitarios, con el fin de mejorar la capacidad diagnóstica tanto de residentes como de trabajadores, que no habían sido previamente diagnosticados a través de PCR.
Respecto a los profesionales sanitarios, hay 2.899 contagiados (menos del 2 por ciento del total), que son 2.249 del ámbito sanitario y 650 del sociosanitario.
INGRESO DE MAYORES EN CENTROS RESIDENCIALES
Por otra parte, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación permitirá el ingreso en centros residenciales a personas mayores, con discapacidad y otros colectivos en situación de emergencia social debido a la alerta sanitaria provocada.
Así se recoge en la orden, tomada hoy en consideración por el Consejo de Gobierno, que regula la contratación de recurso residencial para estos colectivos y que determina las obligaciones que asumen cada una de las partes en virtud del contrato.
El Gobierno andaluz entiende que debe dar respuesta a integrantes de colectivos de emergencia social y viven solos en sus domicilios y carecen de apoyo sociofamiliar.
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