Granada, 14 Abril.- La Asociación Española de Abogados Cristianos ha denunciado ante el Juzgado el desalojo de personas de la Catedral de Granada.
Esta se produjo el pasado Viernes Santo con motivo del estado de alarma.
La asociación entiende que se ha incurrido en un delito de interrupción de culto.
La denuncia se presentó este pasado lunes ante el Juzgado de Guardia de Granada.
Y en ella se argumenta que el desalojo “no tiene sentido” dado que en esta catedral caben unas 900 personas.
Y la veintena de feligreses que se encontraban dentro durante la misma pudieron guardar la distancia de seguridad requerida por las autoridades sanitarias.
Día de los hechos
Los hechos ocurrieron el pasado 10 de abril.
La Policía Nacional pidió a la de personas que participaban en los oficios del Viernes Santo que desalojaran el templo.
El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, interrumpió la misa para explicar que si no se desalojaba se sancionaría a los presentes.
Por ello, todos los feligreses salieron de uno en uno antes de que acabara la liturgia y tras recibir la comunión.
Explicación del Arzobispado
Desde el Arzobispado aseguran que estaban celebrando la misa con fieles desde “el convencimiento de que es una práctica permitida, siempre que se mantengan las distancias recomendadas por las autoridades sanitarias, que en este caso se cumplían, y con una limitación de aforo, con una veintena de personas en un espacio con capacidad para unas 900″.
El colectivo de abogados cristianos argumenta que se ha impedido el culto en una iglesia católica.
Y así “incumpliendo” lo expuesto en el real decreto por el que se declara el estado de alarma.
En el mismo se garantiza el culto religioso y se condiciona la asistencia a los templos a la adopción de medidas organizativas para evitar aglomeraciones.
Y que los asistentes puedan respetar la distancia de al menos un metro entre ellos.
La asociación recalca que las iglesias no se encuentran entre la relación de equipamientos y actividades cuya apertura al público queda suspendida.
Y por ello pide al Juzgado que se abran diligencias para esclarecer lo ocurrido.
Esta denuncia se suma a las que la Asociación Española de Abogados Cristianos ha realizado en los últimas días contra los delegados de Gobierno en Andalucía, Castilla y León y Murcia por las interrupciones de ceremonias religiosas que han tenido también lugar en Cádiz, Sevilla, Valladolid y Murcia durante el estado de alarma.
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