Granada, 5 oct (EFE).- La Fiscalía de Granada ha solicitado once años de prisión para un hombre acusado de estafar a dos hermanas.
Con ellas firmó un contrato de permuta de un local en el que iba a construir viviendas que nunca acabó.
Esto dejó a las víctimas sin terreno y sin las dos casas, dos cocheras y el dinero prometido.
Según el escrito provisional de acusación del ministerio Público, los hechos se remontan a abril de 2006.
El acusado, Francisco Javier A.C., administrador único de una constructora, firma un contrato de permuta con dos hermanas.
Las víctimas eran las copropietarias de un inmueble de la calle Real de Cijuela (Granada).
Era una finca valorada en 300.000 euros que transmitieron al acusado por escritura pública para que construyera una promoción de viviendas.
El acuerdo incluía el pago de 21.000 euros en efectivo, otros 30.000 en dos cheques.
Asimismo, el abono en especie para cada una de las hermanas de un piso y dos cocheras libres de cargos en un plazo de dos años.
Este plazo cumplía en abril de 2008.
Cuando llegó esa fecha límite, el acusado no había terminado la promoción de viviendas.
Y su empresa presentaba una situación de completa insolvencia, aunque aprovechó la confianza con las víctimas para convencerlas de firmar un nuevo contrato.
Sin embargo, en agosto de 2008 y por otra deuda de la empresa, una entidad bancaria gravó la finca con una anotación preventiva de embargo.
Ya en mayo de 2009, sin que el acusado hubiera continuado la obra, convenció a las víctimas para firmar la tercera escritura.
Ellas, que desconocían el embargo de la finca, le permitían así que pudiera hipotecarla.
Esto a cambio de recibir, además de los pisos y las cocheras, dos trasteros y hacerlo antes del 31 de mayo de 2010.
El acusado aprovechó el nuevo contrato para firmar ese mismo día una hipoteca de 208.000 euros que se apropió, no destinó a la construcción de la promoción, ni pagó.
Cuando se cumplió el nuevo plazo de entrega, las hermanas formalizaron su denuncia contra el acusado.
Este fue condenado a pagar a cada una de ellas 105.000 euros.
“Con ánimo de eludir sus obligaciones judiciales”, según la Fiscalía, el acusado vendió a otra firma las participaciones de su empresa.
Este contrato no lo formalizó en el registro mercantil, lo que impidió que las víctimas o el juzgado lo evitaran.
Y provocó así que las hermanas continúen sin recuperar la finca, que está hipotecada, ni el dinero, porque el acusado es insolvente.
La Fiscalía ha calificado los hechos como un delito de estafa y otro de alzamiento de bienes y ha solicitado una condena a once años de cárcel y el pago de una multa de 10.800 euros.
El acusado será juzgado el próximo 8 de octubre en la Sección Primera de la Audiencia de Granada.
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